Perspectiva Sonora
La vandalización de una vivienda abandonada -o que incluso esté habitada-, no es el único atentado en contra del patrimonio de millones de familias en nuestro país.
Tampoco lo es el decomiso (por parte de las autoridades fiscales) de un carro "chocolate" que necesariamente ha servido para ir y venir al trabajo o llevar a los niños a la escuela.
Ni siquiera es el embargo de artículos del hogar por parte de mueblerías insensibles que para cobrar casi tumban la puerta.
Tales son los casos de los aboneros de Elektra, Famsa y Coppel.
Po decir los más "tolerantes".
El atentado más cruel en contra de las familias y que se registra con mayor intensidad en México -sobre todo de unos 20 años a la fecha-, es el embargo de las casas literalmente habitadas que registran falta de pago oportuno y que fueron vendidas a la clase trabajadora con créditos de interés social.
Las empresas hipotecarias y los bancos -extranjeros o de capital nacional-, son los principales depredadores del patrimonio de esos millones de mexicanos que al atrasarse dos o tres meses con los abonos, son demandados y emplazados a pagar en el corto tiempo 600 mil y hasta un millón de pesos.
En lugar de extenderse a los 15 o 20 años en que se proyectó el crédito.
Contando con la complicidad, por supuesto, de las instancias del Poder Judicial y los bufetes jurídicos "gandallas" que monitorean el status de las carteras vencidas para lucrar excesivamente con el sufrimiento de la gente más pobre.
Hermosillo, Ciudad Obregón Nogales son los municipios que más sufren por esta laceración en perjuicio de los sonorenses; sin que las leyes o las instancias de cualquier nivel puedan hacer algo por evitarlo.
De acuerdo a información que dio a conocer recientemente el Infonavit, en nuestra entidad son un total de 14 mil 666 viviendas abandonadas y que fueron construidas en apego a sus planes; sobresaliendo Hermosillo con más de 4 mil en su mayoría pertenecientes a fraccionamientos que se ubican en la periferia o sectores populares de la ciudad, como es el caso de La Choya.
Igualmente así podríamos investigar en los Juzgados los miles de embargos de casas que en su momento también fueron otorgadas con supuestas facilidades en créditos de interés social (tipo Fovi); con lo cual podríamos demostrar que esa acción supera -y por mucho- la vandalización por parte de malandros que buscan fierro, cobre o madera para venderlos y posteriormente comprar la droga conocida como cristal, foco o mariguana.
Resulta lamentable que debido a las crisis que hemos vivido en las últimas décadas, las autoridades de cualquier nivel no hayan planteado una estrategia que garantice que los mexicanos conserven su vivienda como el patrimonio familiar tangible más valioso y apreciado.
En los casos de cuando haya atraso en los abonos de sus créditos, reitero.
Debemos recordar que en campañas políticas, algunos candidatos dicen que ayudarán a rescatar las casas abandonadas para reasignarlas a la gente más necesitada; pero en ningún momento proponen un esquema que evite los embargos y posteriores despojos que incluso realizan con el apoyo de elementos policiacos.
Lo peor de todo y que lo hemos visto por años, es que cuando una hipotecaria o un banco ejecuta un embargo y desaloja al titular de un crédito, la vivienda se queda abandonada y posteriormente es vandalizada por los malandros del sector.
O en el mejor de los casos, es invadida por otra familia que también tiene necesidades similares.
Aunque eso se convierte en otro problema.
En un encuentro de la diputada local por el Distrito VI, Ely Sallar Hernández, con los periodistas de la Mesa Cancún que preside el empresario Carlos Rodríguez Pérez, se expusieron -desde varias aristas- el deterioro del patrimonio familiar relacionado a la vivienda de los sonorenses.
Cierto que cuando se solicita una orden de embargo, los abogados defensores de las hipotecarias y de los bancos se quejan que las autoridades tardan en dar la resolución y hacer la ejecución acompañada por un actuario.
Pero yo pregunto:
¿Quién detiene el actuar de esos bufetes jurídicos o notarios públicos depredadores que son los que realmente promueven los embargos de vivienda?
Nadie.
Porque los Jueces simplemente hacen valer la ley que está del lado de las hipotecarias y los bancos que quieren recuperar su dinero; haciéndole ganar, también, a esos litigantes "gandallas" que lucran con las peripecias de los más necesitados.
En Hermosillo y muchos municipios de Sonora, hay cientos de abogados y notarios públicos que llevan la información a las hipotecarias y a los bancos con la sugerencia de iniciar los trámites de demanda en contra de los morosos.
Todo esto con el propósito, obvio, de asegurar el cobro de su respectiva comisión por el servicio de embargo y posterior despojo.
Valiéndoles madres el destino o el lugar a donde vayan a vivir los niños y los padres de familia trabajadores que no han podido cubrir sus deudas.
Menos mal que para el caso de las viviendas financiadas a través del Infonavit, ya no hay embargos; y la dependencia hace todo lo posible para lograr la mediación con los trabajadores morosos.
En la plática con la diputada Sallard Hernández, mencionó que en Ciudad Juárez se dio un caso de éxito, ya que el gobierno compró las viviendas y las reasignó a la gente que realmente les urgía ocuparlas; aunque para eso se tuvieron que hacer algunos estudios, ya que hay muchas diferencias de un caso a otro.
Comentó que promoverá una ley que obligue a la Secretaría de Hacienda estatal para que brinde un presupuesto a la Comisión de Vivienda de Sonora (Covis), con el propósito de que otorgue créditos a personas que ocupen un lugar para vivir con estas características.
La también presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, lamentó que las leyes estén -a nivel nacional- del lado de las hipotecarias y los bancos; por lo que solicitará a la 63 Legislatura local hacer un exhorto para que la Cámara Baja del Congreso de la Unión tome en cuenta este asunto y trabaje en un proyecto de solución.
Aprovechando, dijo, que el presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados Federal es Sergio Gutiérrez Luna, quien curiosamente es el esposo de la diputada local Diana Karina Barreras Samaniego.
Por cierto que este jueves 18 de noviembre, la diputada Ely Sallard podría recibir el distintivo de "La Mujer del Año en la Industria de la Vivienda", ya que ha sido nominada de nueva cuenta a nivel nacional.
Seguimos en contacto.