Archivo Confidencial
HAY DOS ASPECTOS por los cuales podemos tasar a un gobierno, el aspecto macro en los órdenes de indicadores conocidos cuya base se toma en los cambios constitucionales y su afectación y aquellos que pudiéramos adecuar como micros, que tienen que ver con el cumplimiento gubernamental en el día a día del ciudadano común y corriente.
Veamos:
La Constitución mexicana cuenta con 136 artículos. De diciembre del 2018 al día de hoy se han aprobado 63 reformas que han modificado 106 (y dos transitorios) que representan casi el 70% del articulado. 30 no han sido tocados en este período.
Las reformas de la 4T han sido intensas en artículos como el tercero, educación, (en dos ocasiones en este lapso), 4° (derechos sociales), 16°-21° (justicia), 25°-28° (energía), 73° (facultades del Congreso), 94°-107° (Poder Judicial), 115°-122° (municipios y federación) y 123° (trabajo).
En su punto fuerte se mantiene el 41 que da autonomía del INE/OPLEs, financiamiento de partidos y principios electorales como los pluris, pero está en la mira en 2026. Ha habido modificaciones menores por temas de paridad o nepotismo, no reelección consecutiva, requisitos para candidatos y elecciones locales que impactaron en los artículos 4, 21, 41, 55, 59, 73, 82, 115, 116, 122 y 123.
En una situación similar se encuentra el 27 que tiene que ver con la propiedad privada, pero sin llegar a manejar mecanismos para apropiarse de los bienes del ciudadano, como en Venezuela. Los cambios han sido por decreto en materia de agua, minería, energía, soberanía alimentaria, recuperación de aspectos agrarios y áreas estratégicas.
Es difícil, pero no imposible, medir los diferentes impactos que traerán estas transformaciones, pero ¿qué artículos les falta por modificar?
Del primer título, (derechos individuales y garantías), el 6° (libertad de expresión), 7° (imprenta), 8° (derecho de petición a autoridades, con respuesta obligatoria), 9° (de asociación y reunión pacífica, sin armas), 10° (posesión de armas en domicilio para seguridad y defensa legítima), 11° (libre tránsito), 12° (prohibición de títulos de nobleza y prerrogativas hereditarias), 13° (igualdad ante la ley salvo los militares en tiempos de guerra).
Asimismo, el 14° (garantías de legalidad, no retroactividad de leyes y audiencia en juicios), 15° (reglas sobre extradición y tratados internacionales), 17° (justicia gratuita, pronta y expedita), 18° (sistema penitenciario para reinserción social) y 23° (prohibición de juicios dobles por el mismo delito).
En cuanto a otras garantías y soberanía tenemos el 29° (suspensión de garantías en casos de invasión, perturbación grave o calamidad), 32° (preferencia a mexicanos en empleos y concesiones), 33° (facultades para expulsar extranjeros) y 37° (causas de pérdida y recuperación de nacionalidad).
Del segundo título (territorio y federación) del artículo 42° al 48° (integración del territorio nacional) y en cuanto a organización de poderes y otros, 126° (prohibición de pagos no presupuestados), 134° (obligación de eficiencia, honestidad y publicidad en gasto público).
Tampoco han modificado los artículos 135° (procedimiento para reformas constitucionales; (aprobación por Congreso y legislaturas estatales) y el 136° (inviolabilidad de la Constitución y supremacía sobre leyes).
Ahora bien, ¿qué quiere el ciudadano en corto?
Lo principal es poder asegurar la comida para la familia para lo cual requiere de seguridad en el empleo que le permita establecer un camino de bienestar que impacte en salud, educación, vivienda, convivencia (manejo de tiempo libre, entretenimiento, profesión de una religión) y le impulse a cumplir sus expectativas de crecimiento.
Luego tenemos que los servicios públicos sean eficientes: recolección de basura, agua potable, atención policiaca y bomberos, ah y con un cobro de impuestos adecuados que satisfagan tanto al gobierno como al ciudadano.
En un tercer círculo están el cubrimiento de otro tipo de necesidades: vacaciones, paseos, cenas en restaurantes, visitas familiares, atención a mascotas, amistades, noviazgos y casamientos, una muerte digna, dejar una herencia, un legado y una tumba qué visitar.
Y en último lugar y no menos importante, dejar de vivir con miedo, atender elecciones, participación social y cuidado del medio ambiente.
Aunque supuestamente la base de cubrir estas necesidades se tiene que ver reflejadas en la Constitución, se da como un hecho que ello no es necesariamente cierto. El mexicano, conforme a su nivel económico, desde tiempos inmemoriales ha desarrollado el día a día sin necesidad de que se lo impongan. Es una costumbre.
El problema empezará cuando gobierno deje de cumplir con sus obligaciones en primer término, fuera de cualquier cambio constitucional y en segundo cuando gobierno nos quiera hacer cumplir con sus nuevos modos o implementaciones una vez cobijados dentro de la legalidad que significa la Constitución.
¿Cuánto falta para que, como ciudadanos, nos quiten la libertad de la que disponemos actualmente? Esa es la gran pregunta sin olvidar el contexto: las reformas macro deben servir al micro, no al revés.
EN FIN, por hoy es todo, le seguimos en enero. Que disfrute estas fiestas decembrinas, un abrazo.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de "CEO", Consultoría Especializada en Organizaciones...
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